Por fin ya tenemos en España una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, tan necesaria para reorientar la economía hacia una senda libre de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y librarnos de los peores impactos del cambio climático, en un país tan vulnerable por su ubicación en la región mediterránea y su condición de península. Esta ley también es clave por la afección que el cambio climático presenta a sectores muy importantes para nuestra economía, como el turismo y la agricultura.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe constituirse en hoja de ruta para las inversiones de los Fondos de Recuperación, los denominados Next Generation, y hacer honor a su denominación asegurando que se utilizan para revertir la emergencia climática en que nos encontramos y ofrecer oportunidades a los jóvenes en sectores innovadores y sostenibles en un mundo con un medio ambiente diverso, seguro y saludable. La nueva normativa y el adecuado uso de estos fondos europeos deberá contribuir a estimular la creación de nuevos empleos, estimados por el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Clima y Energía) entre 250.000 y 350.000.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética incluye muchas medidas que, sin duda, supondrán un avance respecto a la situación actual, y lanza un mensaje a los sectores económicos subrayando la necesidad de integrar en sus prácticas la reducción de emisiones de GEI. Sin embargo, se queda corta en ambición, ya que el objetivo de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero contemplado de un 23% para 2030 respecto a las emisiones existentes en 1990 no está en línea con lo que recomienda la ciencia para no superar el umbral de 1,5ºC de aumento de temperatura global, como reconoce la propia ley en el Preámbulo que “siguen siendo necesarias más medidas para que las emisiones globales de GEI se reduzcan un 7,6% anual, como recomienda el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)”.

El aumento de ambición ha sido durante la tramitación de la ley una petición de las organizaciones ecologistas, aunque tan solo conseguimos un ligero aumento y que aparezca reflejado que se realizará una revisión de los objetivos a partir de 2023 y siempre para aumentar la senda de reducción de emisiones. Esperemos que entonces se actualicen en línea con la responsabilidad y capacidad de nuestro país, así como con la oportunidad que una ambición climática mayor supone para la transición energética en un país con abundantes recursos renovables y puntera en estas tecnologías.

ANÁLISIS EN PROFUNIDAD DE LA NUEVA LEY:

• La ley contempla la neutralidad climática a más tardar en 2050, es decir, que para esa fecha no podrán emitirse más GEI que lo que los sumideros naturales, como bosques, mares y  humedales, puedan absorber. Si bien es un paso en la buena dirección, desde WWF consideramos que se deben establecer las medidas necesarias para que dicha neutralidad se consiga en 2040, al ser España un país desarrollado y, por tanto, con mayor capacidad y responsabilidad en la reducción de emisiones que los países en desarrollo.  
• Para ello, es necesario que los Fondos de recuperación se condicionen a acelerar la descarbonización y así, por ejemplo, en lo concerniente a la movilidad, que la ley señala que para 2040 los vehículos ligeros deberán ser cero  emisiones, consideramos que es factible adelantar esa fecha a 2030, incentivando con los fondos de recuperación. En este sentido, valoramos positivamente el establecimiento de zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes antes de 2023 y la instalación de puntos de recarga eléctrica en estaciones de servicio y en la edificación nueva. 
• Sin embargo, vemos con preocupación el fomento de gases renovables (biogás, biometano y el hidrógeno) en el transporte inyectándose en las redes de gas natural, ya que consideramos que puede suponer la permanencia de este combustible fósil en la matriz energética y, por tanto, retrasar la descarbonización. Además, abre la puerta a la utilización de estos combustibles alternativos para todo tipo de transporte, cuando deberían quedar relegados a aquellos como el aéreo o el transporte pesado, donde no es factible la electrificación, que es más eficiente. 
• También consideramos muy inapropiado que la  Ley de Cambio Climático y Transición Energética contenga un artículo sobre ayudas a productos energéticos de origen fósil, y que la condición que se establece para la aplicación de dichos beneficios fiscales sea tan genérica como “estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o la inexistencia de alternativas tecnológicas”, si bien establece que habrá un calendario de revisión. No obstante, sí saludamos la disposición relativa a la desinversión por parte de la Administración General del Estado en productos energéticos de origen fósil, estableciendo un calendario para ello.
• Uno de los artículos más positivos que recoge la ley es el referente a la denegación de nuevas autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos y de minerales radiactivos, que lanza un claro mensaje para poner fin a las nuevas explotaciones fósiles y nucleares.
• Muy importante ha sido también considerar la necesidad de adaptación al cambio climático de nuestra costa, uno de los espacios más sensibles, a través de la planificación y gestión del dominio público marítimo terrestre, en el que se evita alargar innecesariamente la duración de las concesiones establecidas por la ley de costas, pese a las fuertes presiones de ciertos sectores y territorios.
• Otros avances que recoge es el establecimiento de zonas de sensibilidad y exclusión, por su importancia para la biodiversidad, de las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. También se contempla que parte de la riqueza que generen estas instalaciones se revierta en el propio territorio para activar su economía y combatir el declive demográfico. Asimismo se recoge la priorización de adaptación basada en ecosistemas y las Soluciones Basadas en la Naturaleza.
• También la ley marca un hito para que las empresas, entidades financieras y aseguradoras tengan que integrar el riesgo climático en sus decisiones, e informar sobre las medidas que adopten para hacer frente a dichos riesgos. Además, en el caso de las entidades de crédito deberán publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París. Asimismo, El Banco de España, la CNMV y la Dirección de Seguros y Fondos de Pensiones deberán presentar al Parlamento un informe de evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo, así como del grado de alineamiento con el Acuerdo de París. De este modo, se sientan las bases para que los flujos financieros se reconduzcan hacia la descarbonización. 
• Además, la ley establece criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono en la contratación pública, incluida la relacionada con una alimentación sostenible y saludable, y las edificaciones de la Administración General del Estado.
• También incentiva la rehabilitación energética y el autoconsumo con la propuesta de modificación de la Ley de Propiedad Horizontal.