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Restaurar ecosistemas es prevenir los incendios forestales del futuro.
Los incendios, dentro de la fatalidad, pueden suponer un punto de inflexión para generar paisajes menos inflamables y evitar que vuelvan a quemarse dentro de 20 o 30 años.
El gran problema por resolver es el paisaje heredado. La búsqueda de territorios más resistentes a los superincendios debe perseguir recuperar el tradicional paisaje en mosaico, que incluya la apertura de pequeños pastizales, la creación de cortafuegos naturales, la sustitución de especies, como eucalipto o pino, en plantaciones abandonadas por otras más adaptadas al nuevo clima o diversificar las masas protectoras compuestas por una única especie.
La estimulación de una economía rural que ponga en valor la silvicultura, la agricultura y ganadería extensivas, la trashumancia e incluso los servicios ecosistémicos es una pieza clave para la consecución de paisajes que nos vacunen contra los incendios. Este paisaje en mosaico y diverso podrá ser una realidad solo si revertimos los graves procesos de despoblación rural y recuperamos usos y aprovechamientos de la naturaleza.
Las actuales políticas de lucha contra los incendios forestales en la península ibérica, la cuenca mediterránea y a nivel global están inexorablemente destinadas al fracaso. Estas políticas buscan priorizar avanzados dispositivos de extinción, ignorando los efectos del calentamiento global y la acumulación de combustibles a escala de paisaje. Además, tienden a reaccionar ante la opinión pública con una inversión cada vez mayor en la capacidad de extinción de incendios.Esta tendencia es el resultado de políticas desequilibradas que constituyen un saco sin fondo dirigido a un potente sistema de extinción que compromete el impulso de una verdadera política forestal y territorial.
El énfasis puesto en la eficacia de la extinción tiene efectos que a medio y largo plazo son perversos. El problema se resuelve a corto plazo, apagando todos los incendios. Pero en algún momento habrá una inevitable confluencia de condiciones meteorológicas extremas y acumulación de combustible a escala de paisaje, generando incendios de extraordinaria intensidad, amenazando seriamente vidas, propiedades y ecosistemas.
La extinción de incendios debe seguir desempeñando un papel clave en la protección de vidas y asentamientos humanos. Para ello deben contar con los recursos adecuados, personal bien capacitado y la debida coordinación con el resto de operativos de protección civil. Sin embargo, ha quedado demostrado que el enfoque no funciona con las actuales tendencias del clima y el contexto de abandono rural y forestal. En estas circunstancias, la frecuencia de los eventos extremos va a aumentar incluso ante la escalada gastos de extinción de incendios. Es urgente un cambio de foco en la gestión del fuego.
Dependiendo del contexto, este cambio de política no necesariamente equivale a una disminución en el esfuerzo de extinción de incendios, sino a un enfoque e inversión en prevención. Esto permitirá reducir los gastos de extinción de incendios en el futuro a medida que los paisajes, las estructuras y las personas sean más resistentes al fuego. Seguir respondiendo a cada catastrófica temporada de incendios con un gasto cada vez mayor en extinción es y será un gran error político.
En general, las inversiones dirigidas a desarrollo rural, gestión forestal responsable o adaptación del paisaje al cambio climático son testimoniales. En los presupuestos públicos apenas hay cabida para una prevención real y eficaz que persiga minimizar los impactos de los incendios. Los gobiernos de las regiones más vulnerables deben implementar un sistema integrado de políticas de prevención basado en tres elementos clave:
- Reducir la siniestralidad.
- Promover y poner en valor paisajes más resistentes al fuego y mejor adaptados al cambio climático.
- Minimizar el riesgo para humanos e infraestructuras
La elevada superficie forestal, la escasez de recursos económicos y la sucesión de incendios recurrentes siempre en las mismas zonas obliga a las administraciones públicas a priorizar las labores preventivas.
La identificación de las Zonas de Alto Riesgo de incendio (ZAR), por frecuencia y peligrosidad, y la priorización de planes preventivos en estas áreas, podría reducir considerablemente el impacto de los grandes incendios.
Para ello, es fundamental que las administraciones, tal y como exige la Ley de Montes, apuesten por conocer con detalle, en cada región, qué zonas sufren una mayor probabilidad de que se inicie un incendio y qué paisajes son más vulnerables a sufrir consecuencias especialmente graves desde el punto social y ambiental, prestando especial atención a la localización de zonas potencialmente fuera de capacidad de extinción.