The WWF is run at a local level by the following offices...
- WWF Global
- Adria
- Argentina
- Armenia
- AsiaPacific
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Belgium
- Bhutan
- Bolivia
- Borneo
- Brazil
- Bulgaria
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Caucasus
- Central African Republic
- Central America
- Chile
- China
- Colombia
- Croatia
- Democratic Republic of the Congo
- Denmark
- Ecuador
- European Policy Office
- Finland
Descubre el proyecto SWIPE
Un proyecto para mejorar la persecucion de los delitos contra las especies silvestres
Delitos como el uso de veneno, la caza y pesca ilegales y el tráfico de especies
En WWF España hemos participado en el proyecto LIFE SWIPE, que persigue mejorar la detección y persecución, y con ello reducir los delitos ambientales como el veneno, el furtivismo y el tráfico ilegal de especies.
La Unión Europea ha incluido los delitos contra el medio ambiente como una de las diez prioridades para luchar contra la delicuencia grave y organizada. Para ello, ha puesto en marcha distintas iniciativas entre las que destaca la aprobación del proyecto LIFE SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe).
Los delitos contra la fauna salvaje tienen importantes consecuencias en la conservación de la biodiversidad, especialmente cuando afectan a especies amenazadas. Y sin embargo, están subestimados y, a veces, son considerandos delitos menores y menos de un 7% de los crímenes contra la fauna salvaje son juzgados.
Muchos de estos delitos ocurren a escala internacional y su magnitud también se subestima y la realidad es que delitos como el tráfico ilegal de especies, constituye la cuarta actividad criminal organizada del mundo, por detrás de la trata de personas y del tráfico de drogas y de armas.
Este innovador proyecto ha sumado los esfuerzos de once países mediante acciones de cooperación transfronteriza, de comunicación y de formación e intercambio de experiencias (España, Bulgaria, Rumanía, Serbia, Bosnia-Herzegovina). Croacia, Eslovaquia, Hungría, Italia, Ucrania y Polonia. Y cuenta con la implicación de los agentes clave de la cadena de lucha contra el crimen ambiental. En España serían los agentes de medio ambiente, SEPRONA, aduanas, fiscales, abogados, jueces, etc.
El proyecto Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe ha sido financiado por el programa LIFE de la Comisión Europea y ha tenido una duración de 3 años (hasta agosto de 2023).
Coordinado por WWF Bulgaria, cuenta con la participación de nueve oficinas nacionales y regionales de WWF, entre ellas WWF España, además de otras organizaciones destacadas en la lucha contra los delitos contra la biodiversidad, como FFI, Traffic y la Academia Judicial y la Oficina de la Abogacía de la República de Croacia.
Además de la generación de análisis e informes, uno de los grandes avances de este proyecto ha sido el desarrollo del primer taller intersectorial de la UE sobre delitos contra la fauna y la flora silvestres, que en junio de 2022 reunió en Madrid a más de 120 expertos y autoridades de una veintena de países para intercambiar experiencias y mejorar la colaboración transfronteriza.
La lucha contra los delitos ambientales en España
España es un referente mundial en la detección y persecución de delitos contra la fauna. El caso del veneno
El ejemplo y la experiencia española es muy relevante para el proyecto, puesto que disponemos de equipos multidisciplinares muy eficaces en la detección y persecución de algunos de estos delitos, como el veneno y hemos avanzado en las últimas décadas, según indica el aumento de casos detectados y el número de sentencias ejemplarizantes en estos casos. Un claro ejemplo de este tipo de sentencia judicial ejemplares se produjo en Navarra en el año 2019. En este caso, el juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona condenó a dos presidentes de coto de caza y a un guarda a dos años y ocho meses de prisión, lo que supuso la mayor pena hasta la fecha impuesta en España por un delito contra la fauna por envenenamiento.
En cuanto a la obtención de datos, otro buen ejemplo es el informe del veneno del año 2020, que publicamos junto con SEO/BirdLife, donde denunciábamos públicamente que entre 1992 y 2017 se encontraron envenenados más de 21.000 animales, cantidad que se estima que representa solo el 10% del total de lo que podría ser realmente, que se calcula en más de 200.000 animales envenenados.
¿Que son estos centinelas y par que sirven?
Son aves marcadas con emisores GPS para que podamos proteger de la amenaza del veneno a otras aves. Estos héroes del aire, se juegan su propia vida para avisarnos de que se ha puesto veneno en el campo si su emisor deja de emitir señales de movimiento. Si quieres saber más sobre estas rapaces, visita la web centinelasdelveneno.es
Otros delitos: asignatura pendiente
Para otro tipo de delitos contra la fauna, como los disparos a especies protegidas o el empleo de métodos prohibidos de captura (uso de cepos y lazos ilegales) no se tienen datos precisos, pero sí se está observando una preocupante tendencia al alza.
Tal es el caso del lince ibérico: según un análisis realizado en el marco de este proyecto (LIFE SWiPE) se estima que 68 linces murieron en 2021 a manos de furtivos, un 5% de la población total. Un goteo incesante que amenaza con dinamitar los esfuerzos para recuperar la especie.
Algunos de estos crímenes se producen por métodos de caza no selectivos, crueles e ilegales, como los cebos envenenados o los cepos. Otras veces, la muerte es intencionada. Este año, un cazador fue condenado a dos años y un día de prisión por disparar a bocajarro a un lince ibérico en Don Benito (Badajoz), pero esa condena fue excepcional, pues la inmensa mayoría de estos crímenes quedan impunes o nunca se conocen. Según nuestro análisis, tan solo se logran detectar un 30% de las muertes de lince por furtivismo. Y eso a pesar de que el lince es la especie más estrechamente vigilada de la Península Ibérica: existe un minucioso programa de seguimiento científico de la especie, con miles de cámaras trampa en toda su área de distribución, y los linces criados en cautividad se liberan equipados con emisores GPS. Desde 2008, tan solo cinco casos llegaron a juicio, y en cuatro de ellos se produjo una condena. Esto supone que apenas un 2% de las muertes ilegales de lince acabaron con una sentencia judicial.